El primer paso que debe tomar un Estado en relación con los bienes públicos es decidir cómo va a distribuir estos. En un sistema democrático, esta decisión no la toman directamente los ciudadanos sino que se elige a unos representantes a través de unas elecciones generales (si este es el sistema más adecuado para tomar decisiones ya hablaré de ello más tarde). De cualquier modo, y aunque la decisión no la tomen los ciudadanos directamente, estos representantes deben expresar una idea general de las preferencias de sus electores, y con los medios de comunicación actuales no sería difícil obtenerla. Pero, ¿los ciudadanos realmente revelarían sus preferencias?
Lo primero que quiero dejar claro es que esta respuesta es siempre negativa. Cuando una persona no tiene que pagar directamente por algo, sino que se utiliza el dinero de todos (y lo que es de todos acaba siendo de nadie), pedirá una mayor cantidad del bien; sin embargo, cuando declarar su preferencia por algo supone que debe pagar por ello o que debe sacrificar algo a cambio, la cosa cambia, y hará creer que su deseo por el bien no es tal, es decir, no revelará sus verdaderas preferencias.
La segunda cuestión que quiero plantear es ¿existe alguna forma de que las preferencias de todos queden satisfechas? Como se suele decir: nunca llueve a gusto de todos. El primer problema que se plantea al tomar decisiones colectivas es que cada persona tiene sus gustos y eso es innegable, unos preferirán que los bienes públicos se destinen a educación, otros a sanidad y otros a ayudas sociales.
Sin embargo, esta diferencia de opiniones no es lo más relevante, el problema de la revelación de las preferencias radica en el origen de los recursos públicos. Para que el Estado tenga unos bienes públicos que distribuir, necesita unos ingresos y, tradicionalmente, estos ingresos los ha obtenido de los impuestos.
Los impuestos pueden ser directos o indirectos, es decir, pueden recaer sobre los bienes e ingresos de las personas (como el IRPF) o, por el contrario, recaer sobre el consumo (por ejemplo el IVA).
A su vez, los impuestos pueden ser uniformes, donde todas las personas pagan lo mismo; proporcionales, cuando todo el mundo paga el mismo porcentaje de la renta; progresivos, cuando a mayor ganancia, mayor es el porcentaje de impuestos; y regresivos, cuando, al contrario que en el anterior, a menor ganancia, mayor es el porcentaje de impuestos a pagar.
Estos tipos de tributación se aplicarán sobre los impuestos directos, ya que sobre los impuestos indirectos, aunque es posible, sería más difícil. Sería el caso de que cada persona cuando fuera a pagar su compra enseñara su DNI u otro tipo de identificación y, dependiendo de sus ingresos o bienes, se le aplicara un impuesto u otro.
En los sistemas sociales, que supuestamente se basan en la redistribución de la renta, generalmente no se han puesto en práctica impuestos uniformes, ni mucho menos, impuestos regresivos. Sin embargo, se ha venido dando y se sigue dando en la actualidad un gran debate sobre los pros y contras de los impuestos proporcionales y los impuestos progresivos, del cual hablaré más detalladamente en la siguiente entrada.
Elección del nivel de gasto público por el que el individuo muestra mayor preferencia
Fuentes:
Manual "La economía del sector público" de JOSEPH E. STIGLITZ
http://es.wikipedia.org/wiki/Impuesto#Impuestos_directos_e_indirectos. La Wikipedia suele ser un buen lugar para encontrar definiciones así que me he inspirado en esta página para las definiciones de impuesto directo, indirecto, proporcional, progresivo y regresivo.
